Se espera un rumbo económico estable para este año. Los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) van por arriba del 3.5%, en un contexto de fortaleza macroeconómica y con reservas internacionales que alcanzan los 163,000 millones de dólares. Además del compromiso de la nueva administración de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas.
Ello en un marco de primeros acuerdos políticos manifestados con la firma del Pacto por México entre las principales fuerzas políticas del país para llevar a cabo las impostergables reformas hacendaria y energética, para que sean palanca para el desarrollo, mejorar la eficiencia recaudatoria y revisar integralmente la política de subsidios, entre ellos el absurdo subsidio a las gasolinas que le cuesta al erario público algo así como 172,000 millones de pesos anuales, entre muchos otros temas. El propósito es lograr un crecimiento económico por arriba del 5%.
Sin duda, México necesita fortalecer sus activos internos para el desarrollo, dejar de depender de los ingresos petroleros y disminuir su grado de vulnerabilidad a los factores de riesgo del entorno global.
Hay dos aspectos externos que preocupan: Por un lado, lo que está sucediendo en Estados Unidos –nuestro principal socio comercial y a cuyo ritmo de prosperidad estamos indudablemente vinculados- quien no cuenta con salidas de corto plazo al desequilibrio de sus finanzas públicas y sobreendeudamiento.
Por otra parte, en la zona euro –que se encuentra de lleno en una profunda recesión- siguen prevaleciendo señales inquietantes por el riesgo de colapso financiero de países como Grecia, Irlanda y Portugal, a los que se ha sumado España.
En medio de este panorama, México dirige su apuesta hacia las reformas estructurales que permitan fortalecer la capacidad fiscal y presupuestal del Estado, mejorar la competitividad de nuestra economía y dotarla de cimientos para un crecimiento más dinámico y sostenible en el mediano y largo plazos.
Y es aquí donde veo importantes desafíos que implican transitar de la euforia discursiva, retórica, que rodeó al Pacto por México al mundo de la política real.
De acuerdo con la OCDE, México sólo recauda el 19.7% en proporción al PIB, mientras que el promedio del resto de sus integrantes recaudan el 33.8%. Sobresalen Dinamarca, uno de los países con mayores niveles de bienestar, que recauda el 48.1% y el de Chile, un referente cercano, que ingresa el 21.4%. Pero también el de España que bajó su recaudación del 37.3% en 2007 al 31.6% en 2010, lo cual es una de las causas de su debacle actual.
A esto se suma la creciente deuda de los estados y municipios, que se calcula sea de 405,000 millones de pesos.
En la lógica de los políticos, cobrar impuestos resulta impopular porque se ponen en juego factores de legitimidad social que arriesgan la conservación del poder. Y esa lógica es profundamente nociva para la constitución de economías sanas, autosustentables, porque los recursos del presupuesto que no se concretan por la vía del cobro de impuestos, se consiguen –no hay otra ruta- a través de la contratación de deuda. Ahí radica la explicación de la crisis norteamericana y también de los países europeos.
Así, pues, más allá de un tema que tiene que ver con elementos de cultura cívica, porque pagar impuestos es un deber de todo ciudadano para asegurar la provisión de servicios públicos básicos y el funcionamiento básico del Estado, nos enfrentamos también a un tema de carácter político.
Superada la euforia mediática, viene la hora de la política real y de la responsabilidad. Hay quienes buscan manipular la opinión pública pidiendo castigo para los legisladores que están convencidos de las reformas fiscales. La pregunta es entonces: ¿Es más conveniente ser irresponsable y postergar el desarrollo urgente o fomentar el endeudamiento?
