En sociedades fracturadas por la pobreza y la desigualdad, los pobres importan para la conservación de la hegemonía política.
Así lo han entendido, desde hace buen tiempo, toda una serie de actores políticos en México, partidos y gobernadores que han creado en los años recientes sofisticadas y penosas figuras de manipulación y control del voto de los más pobres a través de los apoyos de los programas sociales.
El intercambio de apoyos sociales por votos constituye no solo un hecho vergonzoso y moralmente condenable, sino uno de los desafíos más severos para el ejercicio de una ciudadanía efectiva y la consolidación de la democracia.
Ejemplos hay muchos. En la capital de la república, el PRD implementa desde hace 16 años, uno de los proyectos más sofisticados de control político a través de programas enfocados a niños, jóvenes, estudiantes pobres, madres solteras, ancianos, y que no disponen de ninguna evaluación o rendición de cuentas.
Muchos gobiernos estatales, amparados en el paraguas de la autonomía federalista, gastan, hacen y manipulan sin absolutamente ningún control, lo que ha generado una vasta zona de discrecionalidad y opacidad.
El caso reciente de Veracruz, donde se develó a la opinión pública una operación a cargo del gobierno estatal, del PRI y funcionarios federales para ganar las elecciones del próximo 7 de julio, provocó un escándalo político de magnitud nacional que puso en entredicho la adhesión de la oposición al Pacto por México y la permanencia de Rosario Robles al frente de la Sedesol. Pero Veracruz es solo la punta del iceberg.
¿Cómo poner un alto a estos hechos y presionar a todos los actores políticos a sujetarse a principios de transparencia y legalidad?
Mi opinión es que nos hemos centrado demasiado en la construcción de un entramado legal e institucional, pero hemos dejado de lado la participación de los ciudadanos en la estructuración de mecanismos de prevención, control y denuncia de los delitos electorales.
En 1994 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; sin embargo, a casi 20 años de su integración, no conozco de un solo funcionario público u operador político que esté cumpliendo condena de cárcel por violar la ley. No se diga del enorme vacío que existe a nivel de las instituciones electorales, el IFE y sus pares estatales, incapaces de procesar, investigar y sancionar efectivamente prácticas contrarias a la legalidad.
Sin duda, el reciente Adéndum al Pacto por México, suscrito después del caso Veracruz, aporta importantes elementos de blindaje electoral, como la posibilidad de que la SHCP investigue movimientos relevantes en las cuentas bancarias de los gobiernos estatales, la auditoría a los padrones de beneficiarios, la revisión del perfil de los delegados federales, la instalación de comisiones plurales para atender las denuncias, y la formalización del Sistema Nacional de Programas Sociales, que busca eliminar “el uso electoral de los programas sociales”.
Sin embargo, el elemento más esperanzador, es la creación de “observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto de los gobiernos estatales y de la imparcialidad de la actuación de los gobernadores durante los procesos electorales”.
Es tiempo de que la sociedad civil asuma su papel para garantizar que la transparencia y la legalidad prevalezcan sobre las prácticas clientelares y la ilegalidad. El impulso democrático tiene que venir desde abajo. Tengo la convicción que la sociedad tiene que ser el eje de la fiscalización de la política pública.
Si no se escucha y atiende la voz de las organizaciones civiles, el blindaje será sólo un acuerdo cupular entre políticos y una simulación de la transparencia. Es la hora de los ciudadanos.
