La encuesta más reciente del periódico Reforma destaca la caída de la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto a su punto más bajo desde que inició la administración. Sólo 34% de los ciudadanos y 15% de los líderes aprueban su labor. Una caída sensible del bono de legitimidad en tan sólo dos años y medio, ya que arrancó su gestión en 2013 con niveles de consenso entre estos sectores de 50% y 78%, respectivamente.
42% de los ciudadanos considera que está implementando mal la reforma educativa; 64% ve un fracaso en la lucha contra el crimen organizado; 87% considera que “El Chapo” contó con ayuda de funcionarios para fugarse de una cárcel de máxima seguridad; 61% no ve resultados en el combate a la pobreza; 69% desaprueba la conducción de la economía; 76% no percibe logros en el combate a la corrupción. La confianza social hacia instituciones como el Ejército, la policía, el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos se encuentra también en su peor momento en el actual sexenio.
No hay más espacio para la celebración del presidente frente a los resultados electorales del pasado 7 de junio, que le otorgaron al PRI y sus aliados la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Algo que se logró evadiendo el voto de castigo, utilizando el poder de los gobernadores para mover redes clientelares, dejando la “tarea sucia” al Partido Verde para sumar sufragios a costa de una violación sistemática de la normatividad electoral. Peña Nieto y su equipo se equivocan al pensar que esa frágil mayoría se mantendrá hacia 2018.
La fuga del narcotraficante más importante del país significó un golpe demoledor a la credibilidad en las instituciones responsables de la seguridad; la economía sigue exhibiendo un crecimiento mediocre; persiste la violencia incontrolable del crimen organizado en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas; no tenemos todavía resultados contundentes en materia de combate a la pobreza, impunidad y corrupción. En cualquier otro país democrático este escenario ya hubiera provocado renuncias en el gabinete, un ejercicio de autocrítica en la cúpula del poder, la reestructuración a fondo de políticas públicas. Pero este gobierno parece blindado ante los datos duros de la realidad.
El 2018 no está ganado para el Presidente y su partido. Una encuesta reciente del periódico Reforma le da a López Obrador 42% de los votos ciudadanos. En tanto Margarita Zavala, quien ya anunció sus intenciones de contender por la candidatura presidencial del PAN, obtuvo 28%. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, tiene una intención de voto de 25%. En cuarto y quinto lugar aparecen el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Peña Nieto no cuenta, al momento, con prospectos suficientemente competitivos para ir por la silla dentro de tres años. Cree que podrá compensar la baja productividad política de su gobierno con la división de la izquierda y las fracturas internas del PAN. Es un cálculo muy peligroso.
El inminente arribo de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI puede cambiar todos los escenarios para el 2018. Se trata de un hombre profundamente experimentado que desayuna, come y cena política, de un operador muy eficaz, con capacidad para ganarle el debate político y mediático a la oposición y construir un proyecto atractivo para un electorado cada vez más informado, crítico y exigente. Es el último ingeniero político con que cuenta México, con capacidad para rediseñar un sistema que yo no funciona, ni ofrece resultados.
Dice Beltrones que viene “a construir el aterrizaje de las reformas estructurales” y la esencia de éstas son el crecimiento incluyente, la prosperidad, el empleo, el abatimiento de la desigualdad, la educación de calidad. Y es precisamente eso lo que los mexicanos quieren.
