La Cruzada Nacional contra el Hambre se ha transformado en la propuesta de política social más importante del presidente Enrique Peña Nieto.
La misma ha generado simpatías en todos los sectores de la sociedad mexicana, ya que el hambre constituye la más cruel y extrema dimensión de la pobreza. Como afirma el Banco Mundial “hasta una persona con hambre es demasiada”.
Es un desafío moral para un país donde a diario se desperdician 30 mil toneladas de alimentos, 11 millones al año, y donde, de acuerdo con el Coneval, prácticamente la cuarta parte de la población del país (28 millones de personas) carece de acceso a una alimentación suficiente y nutritiva.
Esta iniciativa, de acuerdo a mi perspectiva, deberá contener cuatro elementos fundamentales.
Primero, sostenibilidad financiera para garantizar su operación en el mediano y largo plazos.
Aunque, seguramente el gobierno de Peña Nieto echará mano de varios de los instrumentos ya existentes en el ámbito federal, lo cierto es que este esfuerzo demandará una cantidad importante de recursos públicos adicionales que aún no queda claro de dónde provendrán, sobre todo en un contexto donde el actual gobierno afirma que no habrá nuevos impuestos en 2013 y que se mantendrá un “déficit cero” en las finanzas públicas.
En segundo lugar, un soporte en evidencia científica para que la Cruzada sea más que un golpe retórico y se convierta en una herramienta eficaz que permita a millones de personas alimentarse dignamente y con suficiencia. Deberá de diseñar un modelo integral que comprenda disponibilidad, abasto, precios, cultura alimentaria, cuidados sanitarios, cambios jurídicos, empoderamiento ciudadano para un ejercicio efectivo de derechos, fortalecimiento del capital humano, entre otros temas.
La Cruzada arrancará en un contexto de volatilidad internacional de los precios de alimentos, y en un momento donde varios estados del país todavía padecen los estragos de la sequía más grave en 71 años.
En tercer lugar, la Cruzada exigirá ir más allá del esfuerzo gubernamental para articular grandes acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil como los Bancos de Alimentos, productores agrícolas, centrales de abasto, empresarios del sector alimentario. Aquí la nueva administración tendrá que moverse en un terreno complicado con actores cuya lógica de eficacia y rentabilidad choca muy fácilmente con la del Gobierno federal.
De ahí la necesidad de ofrecerles esquemas de “ganar-ganar” a las empresas participantes en la Cruzada, donde éstas obtengan tanto incentivos de carácter económico como de incremento de su valor de marca, al recibir el sello de “empresa socialmente responsable” que es un objetivo central de su marketing corporativo.
También deberá articular los esfuerzos de todos los programas de la administración federal, y de las administraciones estatal y municipales.
La Cruzada deberá de contener esquemas abiertos a todos con responsabilidades claras de los actores públicos, privados y ciudadanos, con acciones especificas y metas medibles. Estos esquemas tienen que partir del ámbito nacional hasta los municipios, y donde se definan con precisión regiones, estados, municipios y localidades donde se encuentran los retos donde se intervendrá.
En cuarto lugar, se requiere un soporte sólido de institucionalidad que garantice transparencia en el uso de los recursos invertidos, padrones de beneficiarios abiertos a consulta pública, mecanismos de evaluación de impacto a cargo de actores externos para garantizar la objetividad del proceso.
Son sólo algunos de los retos para la Cruzada contra el Hambre, un tema sobre el que continuaré reflexionando hacia mis siguientes colaboraciones.
