Existe la certeza que con el avance en la vacunación de las personas se logrará controlar los efectos del covid-19 en la salud y permitirá recuperar la vida social y económica. Esta postura tiene sólidas bases científicas, principalmente si nos acercamos a la meta de vacunar al 70 o 75% de la población para obtener la inmunidad de “rebaño”. Conlleva retos importantes, como es la producción suficiente de vacunas, la distribución y su aplicación en los distintos países.

A ello, se suma ahora un debate que está creciendo: ¿cómo lograr el avance en esta meta sin crear nuevas condiciones de desigualdad entre países y entre los habitantes de los mismos que han sido vacunados y quienes no lo han sido? La necesidad de recuperar la “normalidad” social y económica está creando un nuevo reto que algunos ya denomina la Pandemia 2.0: el desarrollo de condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión.

Los programas de vacunación en la mayoría de los países implican desafíos importantes en las prioridades de los grupos a vacunar y los derechos de quienes se vacunan y quienes tienen que esperar por razones de la insuficiente producción de vacunas, o han optado por no vacunarse. La presión por recuperar la normalidad está obligando a los gobiernos a pensar en mecanismos como el desarrollo de pasaportes de salud, como es el caso de la Unión Europea y Estados Unidos.

El centro del debate es que con la implementación de un sistema oficial de autorización para quienes han sido vacunados pueden tener derechos y ventajas sobre quienes no han sido vacunados, o también si la vacunación debe ser opcional u obligatoria.

Se piensa que quienes estén vacunados pueden tener la autorización de sus gobiernos de recuperar su libertad de movilidad, de acudir a los lugares que deseen, de viajar sin restricciones y recuperar su vida social y económica sin restricciones.

Y aquí vienen los cuestionamientos: ¿Y los que todavía no están vacunados? ¿Es correcto darles un trato diferente? ¿Ello no crea desigualdad, discriminación y exclusión? ¿El estado tiene derecho a un trato desigualdad y limitar las libertades de los no vacunados?

Y se ponen ejemplos a consideración: a) aquellas personas que no pueden, porque tienen una contraindicación médica (edad, condiciones de salud y/u otros factores); b) aquellas personas que no quieren (antivacunas o por simple razón de autonomía); y c) aquellas personas que no tienen acceso a la vacuna. ¿Estas personas tendrían restringidas sus libertades de movilidad por no tener un pasaporte de vacunación? ¿Qué hacemos con estos grupos? ¿Es posible pensar en un mercado negro de pasaportes de vacunación falsificados? (https://theconversation.com/el-riesgo-de-division-social-entre-vacunados-y-no-vacunados-156886).

Al avanzar con los programas de vacunación nos vamos a enfrentar a un tema mayor: la división entre vacunados y no vacunados, entre quienes tiene libertad de movilidad y quienes la tienen restringida, quienes tienen plenos derechos y quienes están limitados.

A este debate se suma que no existe certeza científica que quienes han sido vacunado no se pueden contagiar o no puedan volverse a contagiar con nuevas cepas y evoluciones del virus.

Además, este tema tiene repercusiones importantes en un mundo globalizado, conectado, donde el flujo de personas entre los países es importante, donde pronto se tendrán que generar reglas para la movilidad entre las personas entre diferentes fronteras.

Estamos por entrar a una nueva fase, la pandemia 2.0, marcada por la desigualdad. Es una situación compleja de valorar en este momento. Merece un debate más amplio, donde estén en el centro los derechos de las personas y los alcances del Estado para imponer restricciones en casos de emergencia.

Este es un debate que no está en la agenda en México, pero sí valdría la pena empezar a analizar cuál sería la mejor opción, porque aunque lento, el programa de vacunación avanza y las preguntas relacionadas también.

 

 

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