La pandemia de Covid-19 ha superado todos los pronósticos: han muerto casi 78 mil mexicanos, somos el cuarto país a nivel mundial con mayor número de defunciones solo por debajo de EU, Brasil e India.

Bajo el enfoque que se elija, esto constituye un drama humano y sanitario sin precedentes, consecuencia de una estrategia oficial tardía y con inconsistencias, de un sistema de salud que ya lidiaba con fuertes limitaciones de infraestructura, personal y medicamentos, las cuales se agravaron debido a las duras medidas de austeridad aplicadas por el actual gobierno con el argumento de combatir la corrupción.

A ello se sumó la negativa gubernamental a aplicar pruebas para trazar rutas de contagio y evitar, con ello, que la enfermedad se expandiera. Como consecuencia de esta decisión, más ligada a un tema de insuficiencia presupuestal que de racionalidad médica, hoy tenemos 743 mil casos confirmados de Covid-19 en el país.

Priorizar los intereses políticos a los criterios científicos ha tenido, y seguirá teniendo, un costo muy alto en término de vidas.

Lo que en México ha sucedido, ya hubiese derivado en otros países en renuncias al más alto nivel e, incluso, en el fincamiento de responsabilidades legales a los responsables de la gestión de la pandemia.

La cara económica de la crisis se muestra, por otra parte, muy complicada, por más que el Presidente sostenga que lo más difícil ya ha pasado y que hemos entrado de lleno a la fase de recuperación.

Uno de los termómetros más importantes para saber si la economía va nuevamente hacia arriba, es el empleo. De acuerdo con el INEGI, en agosto se observó un incremento de 653 mil personas activas respecto a julio. Sin embargo, 467 mil de esos empleos (71%) son informales, es decir, son plazas laborales carentes de seguridad social y sujetas a bajas remuneraciones.

El empleo formal asegurado al IMSS, por su parte, muestra una recuperación precaria. En agosto y septiembre, de acuerdo con el Presidente, se rescataron 210 mil plazas de trabajo, que equivalen al 20% de los empleos que se perdieron entre marzo y julio (casi un millón). Además, los empleos que están retornando son más vulnerables debido a que diversos sectores han reabierto parcialmente, pagando salarios más bajos ante la falta de capacidad económica.

Los trabajadores que se están reincorporando a la planta productiva, están resintiendo la negativa del gobierno, ya ni siquiera a considerar la posibilidad de otorgar un ingreso mínimo vital a la población afectada, sino a apoyar a las empresas privadas a través de algún esquema fiscal o crediticio, como se ha hecho en la mayoría de los países.

Uno de los efectos más perniciosos de la crisis se observa en la disminución de la participación económica de las mujeres. En marzo 45% realizaban actividades que les generaban un ingreso; ahora, ese porcentaje ha bajado a 39%, mientras que la proporción de aquellas que realizan trabajos sin remuneración se ha elevado. Esto resulta especialmente grave en un país donde la cuarta parte de los hogares tiene jefatura femenina.

La lectura del gobierno acerca del impacto que tendrá la emergencia económica por Covid-19 es muy limitada. Se enfoca casi exclusivamente en la recuperación de empleos, sin tomar en cuenta el deterioro de la calidad de los mismos; no tiene en el radar el cierre de empresas, el empobrecimiento de amplios segmentos de la población, la desigualdad de género y una larga lista que se incrementa todos los días.

Por otra parte, la 4T persiste en su bipolaridad hacia el sector empresarial: por un lado, Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, afirma que “el sector privado es la única esperanza para crecer” y que ello demanda “certidumbre jurídica”, mientras que por otro lado se envían señales en sentido contrario que expresan un desdén con quienes invierten en el país.

Los hilos de la recuperación son delgados.

Primero, porque la caída económica será más profunda de lo que pronostica el gobierno (menos 10.4% en 2020 según Standard & Poor´s); en segundo lugar, porque fuera de declaraciones y fotografías, no está garantizada la confianza de la IP hacia la actual Administración y, tercero, porque un eventual rebrote de Covid-19 obligaría a un nuevo confinamiento, como está sucediendo en España, con resultados muy desfavorables para el empleo y los negocios.

La narrativa del gobierno es que ya salimos de lo peor; yo tengo serias dudas.

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