El Ejecutivo federal ha presentado su propuesta de Presupuesto de Egresos (PEF) para 2021. Se trata de un hecho que, año con año, despierta las expectativas de analistas, inversionistas, empresarios y todo tipo de actores, en vista de que el PEF indica, no solo cuáles son las prioridades de gasto, sino que brinda señales del proyecto y la visión de país que están detrás la Administración en turno.

Por ello, las decisiones presupuestales, son también decisiones políticas: empoderan o castigan, detonan cambios en la correlación de fuerzas entre grupos de poder, fortalecen un modelo económico o redefinen el rumbo.

Los presupuestos, cuando se aplican con base en resultados, cuando se diseñan a partir de la evidencia y de un análisis serio y consistente de las realidades económicas y sociales, cuando se someten al escrutinio de la sociedad toda por medio de la transparencia y la rendición de cuentas, pueden transformarse en una poderosa herramienta de cambio. Por el contrario, cuando lo que prevalecen son cálculos de poder, caprichos u ocurrencias, ello mina el carácter estratégico de los presupuestos y provoca el desperdicio masivo de recursos públicos.

En prácticamente todos los países democráticos, los presupuestos se elaboran de manera consensuada entre los distintos poderes; ello, con objeto de garantizar equilibrio y pluralidad, así como la adecuada representación de los intereses de los distintos sectores.

Por el contrario, en México se ha roto el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que el Presidente López Obrador mantiene un férreo control sobre las cámaras a través de las mayorías que detenta su partido (Morena).

Pero el proyecto del Presidente va por más, quiere que las leyes se reformen para darle un mayor poder sobre la determinación de los presupuestos, en detrimento del Congreso.

Todo lo anterior es para señalar que no veo quién podrá hacerle cambios al proyecto de PEF 2021 presentado recientemente por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Es un presupuesto basado en las prioridades que el Presidente estableció desde el principio de su gobierno, entre ellas el apoyo a las personas en pobreza, algo que deberíamos respaldar, si es que no estuviera detrás la intención de fortalecer una red clientelar para producir votos.

Y aquí salta la primera condición para que un presupuesto sea eficaz, y esto es que las acciones de política pública que con él se impulsan se reporten con veracidad.

Un ejemplo: el Presidente afirma que sus programas sociales ayudan a 23 millones de familias. De acuerdo con el INEGI hay 3.6 integrantes en promedio por familia, así que estaríamos hablando de 83 millones de personas. La SHCP reporta, en contraste, que los programas destinados a atender primero a los pobres, tienen solo 16 millones de beneficiarios.

Según el INEGI, de todas las empresas registradas en México, solo 7.8% recibieron algún apoyo en la emergencia. Todo indica que seguiremos en la misma lógica para 2021, donde se reduce 93% el presupuesto del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y 42% el correspondiente al Programa de Microcréditos para el Bienestar.

Como era de esperarse, se considera un especial impulso a las obras estratégicas de esta Administración: el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, obras que nacieron sin evidencias de su necesidad e impacto, y no de estudios serios de factibilidad técnica y financiera y de impacto ambiental.

Se prioriza el respaldo a Pemex, empresa que perdió 606 mil millones de pesos en el primer semestre de 2020, cuatro veces el presupuesto que se destinará al sector salud (145 mil millones de pesos) en 2021. El empecinamiento en apostar en la industria petrolera, una industria anclada en el pasado, condenada a ser rebasada por la transición hacia las energías renovables.

Una ausencia notable en el proyecto de PEF, es que no considera recursos para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19, que podría representar una inversión de 9 mil millones de pesos. Algo preocupante, porque AMLO prometió que se vacunará a toda la población de manera gratuita.

Estamos ante un presupuesto francamente insuficiente, plagado de sesgos provenientes de consideraciones políticas y no técnico-financieras o de rentabilidad económica y social. Y el problema es que no creemos que el Congreso pueda hacer gran cosa para redefinirlo. Vienen tiempos difíciles.

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