La publicación del Índice de Estado de Derecho 2020 a cargo del World Justice Project, una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover este importante tema en todo el mundo, constituye un interesante referente para calibrar todo lo que nos hace falta avanzar como país.

Como sucede con otros indicadores, como el desarrollo humano o la competitividad, los países que se encuentran a la cabeza de este índice son los escandinavos y los pertenecientes a Europa Occidental, a los que se suman Nueva Zelanda y Canadá.

México sigue muy rezagado entre los 128 países que comprenden el reporte: ocupa el lugar 89 en límites al poder gubernamental, que considera la existencia de contrapesos al poder ejecutivo por parte del poder judicial, el poder legislativo y la sociedad civil.

Ocupamos el lugar 78 en materia de respeto a los derechos fundamentales, donde el World Justice Project considera aspectos críticos como el respeto a la libertad de opinión y expresión.

Y qué más se podría esperar cuando se ha colonizado la televisión pública con espacios conducidos por militantes; cuando el gobierno censura a medios que le resultan incómodos, como la revista Nexos, y acosa al diario Reforma. Cuando se descalifica a informadores que se consideran enemigos, a los que se les llama chayoteros, conservadores, neoliberales, fifís, corruptos, mentirosos, vividores, sicarios, y a los que claramente se pone en riesgo en el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio periodístico, como lo es México.

En orden y seguridad, México se posiciona en el sitio 121 de los 128 países, y aquí, lector, sobran las razones para ello: 60 mil homicidios dolosos en 20 meses de gobierno, una estrategia pasiva, ineficaz y desordenada que ha dejado el control de amplias franjas del territorio nacional al crimen organizado, la militarización de la seguridad y la pausa institucional para fortalecer las policías locales.

¿Seguimos? En justicia penal nos vamos hasta la cola, al lugar 119, y una de las razones es la señalada autonomía de la Fiscalía General de la República, la cual ha quedado en evidencia con el juicio a Emilio Lozoya, al filtrar la institución videos y declaraciones que forman parte del expediente del caso, transformándolo en un espectáculo mediático para exhibir y desgastar a adversarios políticos.

Y, por último, nuestro país ocupa el lugar 121 de 128 en combate a corrupción, el tema predilecto del Presidente López Obrador, el corazón de una narrativa muy eficaz que le permite obtener niveles de aprobación personal por arriba del 50%, mientras los ciudadanos reprueban los resultados de su gobierno en economía, salud y seguridad.

Poco se ha hecho, más allá de la retórica presidencial, para erradicar la corrupción. Lejos de ello, se están generando nuevos incentivos a la opacidad como el otorgamiento del 70% de los contratos de obra pública por adjudicación directa (cerca de 900 mil millones de pesos).

El propio círculo cercano del Presidente López Obrador se ha empezado a contagiar de sospechas de corrupción: ahí está el video donde su hermano Pío recibe dinero de manera ilícita para promover actividades de Morena en Chiapas.

Ante ello, lejos de demandar una investigación exhaustiva ante un hecho que se configura, a todas luces, como un delito sancionable por ley, el Presidente ha aplicado una de las máximas de Benito Juárez, su ícono histórico: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas”.

Como señala la investigadora María Amparo Casar, AMLO ha actuado con voluntarismo en el tema de la corrupción. No basta con el ejemplo moral de ningún dirigente político para erradicar este fenómeno; el tema exige un entramado institucional sólido y fiscalización ciudadana, condiciones distantes del interés y la visión del Presidente.

López Obrador ha afirmado que aspira a construir para México un sistema hospitalario como el de los países escandinavos; ojalá considere consolidar un Estado de derecho como el que tienen esas naciones. Esperamos que así sea.

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