La educación es un derecho humano, empodera a la gente y le permite insertarse en procesos de movilidad social ascendente para mejorar sus condiciones de bienestar.

El Estado mexicano ha destinado, históricamente, una proporción sustantiva de sus presupuestos sociales a garantizar el acceso a la educación, con avances importantes en materia de cobertura.

No obstante, la calidad de la educación pública que se imparte en México, deja mucho que desear. Así lo demuestra la prueba PISA que aplica la OCDE a estudiantes de 15 años de escuelas públicas y privadas: de 79 países evaluados en 2018, México ocupa el lugar 61 en matemáticas, el 57 en ciencia y el 53 en lectura, en un ranking liderado por China, Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur.

La reforma educativa impulsada durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue derogada por el actual gobierno. No solo se cancelaron las evaluaciones magisteriales y los esfuerzos por modernizar los contenidos y métodos educativos, sino que se entregó de nueva cuenta el control a las mafias sindicales.

La emergencia sanitaria ha agravado el reto educativo. El 20 de marzo, en el marco de las medidas anunciadas para contener la propagación del Covid-19, se decretó el cierre de escuelas públicas y el tránsito hacia clases en línea para millones de alumnos, un esquema para el cual, ni el sistema escolar ni los maestros, alumnos y padres de familia, estaban preparados.

Las clases virtuales que se han impartido a lo largo de estos cuatro meses de confinamiento no han tenido los resultados esperados, y una de las razones es el tamaño de la brecha digital: de acuerdo con el INEGI, 77% de la población urbana es usuaria de Internet, pero en la zona rural la cobertura baja a 48%; solo 44.3% de los hogares en México dispone de una computadora; 95.3% de los usuarios de Internet se conectaron a través de un celular inteligente, sin embargo, únicamente 59% de la población rural posee este tipo de dispositivo contra 80% en las localidades urbanas.

Se han formado, como afirma, María Elena Estavillo, “islas” de personas conectadas frente a otras que están excluidas de los beneficios de las tecnologías.

A lo anterior se suma la marginación (millones de estudiantes carecen de energía eléctrica en sus viviendas) y el analfabetismo digital.

Ahora el gobierno federal ha anunciado que el 24 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2020-2021 y que continuarán las clases a distancia, excepto en aquellas entidades donde el semáforo de riesgo epidémico haya pasado a verde, donde se retornará de forma escalonada a las clases presenciales.

Se firmó un acuerdo con Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios que tendrá un costo de 450 millones de pesos, para que pongan a disposición de la SEP cuatro canales de televisión abierta que se sumarán a dos más pertenecientes al Sistema Público de Radiodifusión.

Si bien se aprovecha la amplia cobertura que tiene la televisión en México (93% de los hogares) para llegar a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares, y se gana en alcance social, se sacrifica el potencial que representa el Internet a través de aulas digitales, plataformas multicontenidos, diálogo, interactividad que potencian los aprendizajes y construyen un sentido de “comunidad”.

La televisión, por su formato, es unilateral, unidireccional, trata con masas y no con individuos, cada uno de los cuales vive de forma particular el proceso pedagógico.

Cuando el mundo se mueve hacia la era digital, el gobierno federal voltea la mirada hacia un modelo analógico de hace 50 años que surgió con las telesecundarias.

Ojalá esto no incentive la deserción escolar, porque tenemos a muchos niños y jóvenes estresados y aburridos por el encierro, que ahora deberán enfrentarse a un método de enseñanza vertical, muy poco atractivo, donde ellos serán solo observadores pasivos cuando lo que quieren es participar, discutir, hacer oír sus ideas.

De acuerdo con la ONU, existe la posibilidad de que 800 mil niños mexicanos de entre 15 y 17 años ya no puedan acceder o seguir sus estudios en bachillerato, ya sea por falta de interés, pero sobre todo por la crisis económica que golpea al país donde miles de ellos tendrán que dejar la escuela para trabajar y ayudar a la economía familiar.

La pandemia ha causado ya el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia, y se están configurando las condiciones para una catástrofe generacional que afectaría el porvenir de millones de niños y jóvenes.

Ojalá que esta decisión de ver al pasado y no al futuro, no abone a ello. Podemos seguir perdiendo años en materia educativa que le restarán competitividad a nuestras próximas generaciones y convertirse en una pandemia en la educación.

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