La lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas más importantes del gobierno de la 4T.

El Presidente López Obrador basa la fortaleza de su proyecto, precisamente, en su compromiso de limpiar al país de la opacidad imperante en el pasado. Ahí radica su superioridad moral con respecto a quienes denomina sus adversarios.

No obstante, la realidad no parece apoyar esta narrativa: de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 78.2% de los contratos de obras o compras públicas en esta Administración se han hecho por adjudicación directa. En algunas áreas la situación es todavía más preocupante: 92% de los contratos/compras para el Tren Maya, vía Fonatur, se han asignado por esta vía.

El gobierno está entregando, según varias notas periodísticas, cientos de miles de millones de pesos a un grupo de contratistas cercanos, incluso familiares o amigos de altos funcionarios, sin criterios que permitan proteger los dineros públicos.

Ha habido una negativa a actuar contra personajes involucrados con casos de enriquecimiento inexplicable, como Manuel Bartlett, Director de la CFE. Existen redes de probable nepotismo en las instituciones gubernamentales.

Ello ha venido acompañado de un debilitamiento del entramado institucional, como lo muestra la falta de compromiso del ejecutivo y del Senado con la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción; limitada imparcialidad en las investigaciones a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP); alineamiento del Congreso -un instrumento fundamental de auditoría gubernamental- a la voluntad presidencial.

La revitalización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, más que fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, parece llevar la intención de ¨ablandar¨ a empresarios y opositores.

En este mismo propósito parece inscribirse la creación por decreto del “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” adscritos a la SFP, una red que se presta para la persecución política.

Si bien el Presidente es un orador eficaz que conoce bien la psique del mexicano y cómo generar símbolos que construyen legitimidad, lo cierto es que hay límites para el uso de la retórica; no se puede reemplazar permanentemente la poderosa evidencia que significa la realidad. Se requieren hechos.

Recientemente la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, presentaron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, una herramienta analítica basada en datos para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.

El estudio muestra que el combate a este fenómeno se ha estancado en México. De 15 países estudiados, México se encuentra a la mitad de la tabla con un puntaje de 4.55, muy lejos del líder, Uruguay, con 7.78 puntos de 10.

Por otra parte, en marzo de este año, se dieron a conocer en todo el mundo los resultados del Índice 2020 sobre el Estado de derecho que elabora World Justice Project, el cual evalúa, entre otros aspectos, los límites al poder gubernamental, la existencia de gobiernos abiertos y la ausencia de corrupción. De 128 países, México ocupa un nada honroso lugar 104.

AMLO llegó a la Presidencia exhibiendo los excesos de la Administración de Peña Nieto y del sistema ¨PRIAN¨, prometiendo honestidad a carta cabal.

En el imaginario de los electores está un personaje dispuesto a restaurar la dignidad de gobernar.

Los ciudadanos tienen memoria, hace rato ya que dejaron de ser votantes cautivos; quieren que el Presidente haga efectivo su compromiso de luchar sin tregua contra la corrupción.

El ejecutivo federal no puede ofrecernos solo palabras, mientras repiten las prácticas del pasado. Se requieren acciones efectivas, visibles.

La cruzada contra la corrupción de la 4T, está chocando con el creciente escepticismo de los ciudadanos.

De acuerdo con la encuesta publicada por Alejandro Moreno en El Financiero (junio 1, 2020) 46% de los mexicanos considera que el gobierno actual está actuando mal o muy mal en el combate a la corrupción, contra 38% que avala los esfuerzos oficiales.

Y de la decepción, al repudio y el voto de castigo, hay una línea muy delgada. La duda es seguir esperando o concluir.

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