La pandemia de COVID-19 ha tenido ya un altísimo costo humano. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, quien lleva el seguimiento más preciso y puntual del impacto de coronavirus a nivel internacional, al cierre de esta colaboración hay 2.6 millones de personas infectadas y 183 mil decesos.

Aunque la curva de muertes tiende, por fortuna, a aplanarse en los países más avanzados, han surgido nuevas señales de alerta puesto que ya se detectó un crecimiento acelerado de los casos en el África Subsahariana, la región más pobre del mundo y con los peores sistemas sanitarios, que expulsa decenas de miles de personas a Europa, lo que genera el riesgo de una siguiente y letal oleada de la pandemia hacia el segundo semestre de 2020 si es que no contamos oportunamente con una vacuna.

Este coronavirus, 10 veces más mortal que el virus de la influenza AH1N1, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo ha provocado enormes costos económicos y la pérdida de valiosas vidas humanas.

Ha traído consigo, también, daños colaterales importantes a la democracia y al ejercicio de los derechos humanos y civiles, muchos de ellos de efecto duradero y preocupante.

Un artículo publicado en el prestigiado diario norteamericano The New York Times, firmado por el politólogo Kevin Casas, habla del surgimiento de un “virus autoritario”.

Con el propósito de evitar la propagación de la pandemia, se ha incurrido en excesos. El Departamento de Justicia de EU ha solicitado al Congreso de ese país poderes especiales para pedir a los jueces detener indefinidamente a las personas durante la emergencia. Gran Bretaña va por la misma ruta.

En Polonia el presidente Viktor Orban ha decidido gobernar por decreto, sin contrapeso alguno, y el nuevo orden le permite perseguir a periodistas y opositores.

En Israel se cerraron los tribunales y el Estado ha emprendido una vigilancia invasiva de la ciudadanía a través de sus celulares, utilizando las mismas tecnologías que le permiten llevar a cabo el seguimiento de potenciales terroristas. En Jordania, el gobierno está usando la pandemia para reprimir a la disidencia.

Los gobiernos de Corea del Sur, Singapur, Filipinas y Tailandia no se quedan cortos en la aplicación de medidas profundamente autoritarias.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, un extravagante líder político que gobierna a través de Twitter, logró la aprobación de una legislación para controlar la movilidad de los ciudadanos a través de retenes militares. Lo mismo está sucediendo en Perú y Chile. En Brasil el presidente Jair Bolsonaro se ha negado a dialogar con la oposición para enfrentar la crisis sanitaria y ha mantenido un incesante acoso sobre las instituciones democráticas.

La pregunta es si la aprobación de decretos y legislaciones de emergencia que amplían la autoridad de los gobiernos serán echadas para atrás al terminar la crisis. Es muy fácil establecer poderes de emergencia, es muy difícil desmantelarlos, dice un experto. La pandemia puede ser un gran pretexto para los gobiernos con inclinaciones autócratas para ganar terreno.

En México, todas las proporciones guardadas, el gobierno, a través de su mayoría legislativa, tiene paralizado al Congreso que debería estar vigilando lo que hacen las autoridades y generando propuestas de política pública para enfrentar la crisis sanitaria. Además, está cerrado al diálogo con los gobernadores, importantes protagonistas locales en el combate a la pandemia.

Mientras tanto, el presidente López Obrador sigue con su propia receta para atender la crisis, aislado del diálogo necesario con diferentes actores y sectores.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, señala que la democracia permite superar de manera más exitosa los retos creados por epidemias a través de la intervención de una opinión pública libre e informada y una sociedad civil activa que permite mejorar la acción gubernamental.

De acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero (18 de abril), uno de los diarios que más irrita a López Obrador, 73% de los mexicanos cree que se debe respetar y garantizar la libertad de expresión, aun de quienes estén en desacuerdo con el gobierno, y 52% opina que hay que exigirle a las autoridades federales resultados efectivos en el marco de esta crisis.

¿Dónde está la disposición del gobierno para escuchar estas voces? No la veo.

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