Sucedió apenas el domingo pasado en Hermosillo. Luego de protagonizar una manifestación en contra de la violencia hacia las mujeres, un grupo de feministas encapuchadas vandalizaron diversos edificios de gobierno, entre ellos el perteneciente al Poder Judicial estatal. Su argumento: fueron provocadas y acumulan una gran frustración porque nadie hace nada para acabar con la violencia y los feminicidios.188_INFOGRAFIA_HORAMUJERES

Las mujeres, en Sonora y en todo México, están agraviadas, y con justa razón. Tan solo en 2019 se cometieron 980 feminicidios a nivel nacional, la cifra más alta desde que se estableció este delito en el Código Penal Federal en 2012. En lo que va de 2020, se contabilizan ya 265 feminicidios, 20 de los cuales fueron cometidos contra niñas menores de 14 años.

La violencia contra las mujeres constituye una grave transgresión a sus derechos humanos, es una manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, tiene un alto costo económico y representa un problema de salud pública.

El miedo que infunde la violencia, junto con la impunidad generalizada para quienes la ejercen, impiden a las mujeres empoderarse, obstaculizan su movilidad social y reproducen el círculo vicioso de la pobreza.

Los crímenes atroces de Ingrid Escamilla y de la pequeña Fátima de 7 años, han sido el detonante de una amplia protesta nacional que habrá de derivar en una marcha el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y en un paro nacional de las mujeres al día siguiente, 9 de marzo.

Esta convocatoria ha generado un amplio debate, donde ha quedado en evidencia, una vez más, la polarización que fractura a la sociedad mexicana.

En este marco, considero que el Presidente de la República debe ver a los movimientos feministas como una oportunidad y no como una amenaza.

Un gobierno progresista, como el que él encabeza, debe mostrarse profundamente sensible ante el drama que están enfrentando las mujeres, dialogar con ellas y escuchar con respeto sus puntos de vista entendiendo que forman parte de una sociedad compleja y cambiante.

Siendo un gobierno de izquierda, debe ponerse al frente y liderar los cambios jurídicos y en el sistema de impartición de justicia que permitan terminar con la impunidad.

Un gobierno visionario y democrático debe comprometerse a demoler los arreglos sociales y culturales que reproducen el machismo y la misoginia, y que están instalados en el corazón de la familia, la escuela, los espacios comunitarios, los medios de comunicación, el sistema político y el mercado laboral.

Valdría la pena aprovechar el momento para analizar el restablecimiento del Programa de Estancias Infantiles, que le permitía a las mujeres contar con servicios de cuidados para incorporarse al mercado de trabajo; también del Programa Progresa-Oportunidades-Prospera que se instrumentaba con un claro enfoque de género para promover el liderazgo de las mujeres.

Es urgente transformar los programas sociales actuales en poderosas herramientas de empoderamiento ciudadano, particularmente para las mujeres, que conforman el grueso de los padrones de beneficiarios.

La amplia cobertura de estos programas constituye una magnífica oportunidad para impartir talleres de masculinidad responsable que le enseñen a los hombres a mirar a las mujeres con otros ojos y tratarlas con respeto, para disminuir la violencia intrafamiliar que genera descomposición del tejido social y explica buena parte de la inseguridad y los feminicidios.

La condición de la mujer, el ejercicio efectivo de sus libertades y derechos, es un termómetro del grado de desarrollo que ha alcanzado un país. Ojalá que se entienda esto, se asuma la causa de las mujeres y se convierta en motor de la transformación social urgente.

La confrontación y el desdén frente a la agenda de equidad de género, sólo fortalecerá el distanciamiento de las mujeres hacia este gobierno y, recordemos, por un simple cálculo político, que ellas representan la mitad del voto.

Hay quienes aseguran que el paro nacional de mujeres que se convoca para este 9 de marzo puede tener un costo económico de cerca de 40 mil millones de pesos. A los que les preocupa esta cifra les pregunto: ¿cuánto cuesta la vida de una mujer y la dignidad de las mujeres de nuestro país?

Por razones estrictas de desarrollo, justicia, seguridad y gobernabilidad, ésta debe ser la hora de construir un mejor país para las mujeres.

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