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Hace muchos años que no veía un consenso tan amplio como el que se ha generado para criticar la polémica decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgar a Jaime Rodríguez, El Bronco, el derecho a figurar en la boleta electoral para los comicios presidenciales del próximo primero de julio, más aún ante el sinfín de irregularidades que el gobernador con licencia de Nuevo León cometió en la recolección de firmas.

Los candidatos independientes estaban obligados a demostrar que contaban con el apoyo de 866 mil 593 ciudadanos para obtener el registro; parece una cifra exageradamente alta, pero no lo es tanto si tomamos en cuenta que quien pretende ocupar la silla presidencial gobernará a más de 125 millones de mexicanos y que, por lo tanto, requiere de un mínimo de consenso social. 011_INFOGRAFIA_Tribunal_Electoral_legitimidad _cuestionada copy

El Bronco entregó más de dos millones de firmas, de las cuales resultaron válidas sólo 835 mil 511, el resto no reunían los requisitos exigidos por la ley, se incurrió, incluso, en conductas delictivas como falsificar documentos que ameritan sanciones penales y aparantemente se utilizaron recursos públicos del gobierno de Nuevo León para satisfacer la ambición de Rodríguez de contender por el máximo cargo político del país.

A pesar de todo lo anterior, el TEPJF decidió incluir en la boleta a El Bronco bajo el pretexto de que el Instituto Nacional Electoral (INE) violó su derecho de audiencia, una falsedad puesto que en 12 ocasiones los representantes del nuevoleonés ejercieron esa prerrogativa.

Hay quienes ven una clara intención política en el fallo del TEPJF. Los analistas consideran que El Bronco, un populista estridente que utiliza un lenguaje muy similar al de AMLO, viene a pelearle a éste la franja de electores instalados en el mal humor social. Se trata de casi el 70% del total de los potenciales votantes, que están irritados por los desatinos y la falta de resultados en materia de combate a la corrupción, la inseguridad y la violencia de la administración del presidente Peña Nieto.

Desde esta perspectiva no cabe duda que los principales beneficiarios de la incursión de El Bronco en el proceso electoral, son el PRI y su candidato presidencial quienes, por cierto, han sido los únicos en mostrar su entusiasmo ante este hecho.

Estamos ante un precedente lamentable, porque existe la sospecha de que los cuatro magistrados que votaron a favor (se emitieron tres votos en contra) fueron presionados o que hubo “mano negra de Presidencia y de la Secretaría de Gobernación”.

Las expresiones de analistas y columnistas lo dicen todo: “el Bronco a la boleta y la ley al bote de basura”, “el Tribunal acaba de perder la poca credibilidad que tenía”, “este proceso electoral no podrá terminar en paz, pues la máxima autoridad electoral ha dejado en claro su arbitrariedad”, “el Tribunal mandó al diablo a las instituciones”.

Recojo la opinión del jurista Miguel Carbonell: “Permitir que un candidato independiente figure en la boleta pese a haber hecho trampa, es un pésimo mensaje hacia los resultados del próximo 1 de julio”. Lo sucedido con El Bronco ha quebrado la legitimidad del Tribunal para emitir fallos que resulten creíbles para todos los actores políticos.

El TEPJF es un ejemplo de cómo se desgasta la legitimidad en las instituciones. En 2006, a pesar de lo agitado de la elección, emergió con una aprobación del 62%; para 2012 era ya de 44%; en 2016, cayó a 36% ¿Qué sigue? Cualquier encuesta que se levante en este momento, seguramente permitirá constatar la caída en picada de la confianza social en este organismo.

La decisión del Tribunal de incluir a El Bronco, un un personaje movido por sus ambiciones personales, abona a un escenario muy pesimista.

Vamos a llegar al 1 de julio de este año con instituciones electorales caras, ineficientes, débiles, desacreditadas, incapaces de regular la disputa por el poder por las vías democráticas, alejadas del sentir ciudadano.

El inexplicable espaldarazo político del Tribunal al ex gobernador de Nuevo León, ha abierto un amplio camino a la posibilidad de un conflicto poselectoral de dimensiones incalculables, que podría tener graves costos económicos e impactos negativos para la gobernabilidad y la paz social.

La legitimidad del Tribunal ya era precaria, ¿por qué lastimarla aún más? ¿por qué esta ceguera política?

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