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La propuesta de AMLO de otorgar amnistía a los capos del narcotráfico como una alternativa para abatir la terrible ola de violencia que enfrenta el país, ha desatado estupor, revuelo y, por lo menos, indignación y rechazo, en amplios sectores.

Quienes respaldan la iniciativa del líder de Morena, argumentan que esto ya se hizo en Colombia, refiriéndose al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permitió terminar con un conflicto que duró más de 50 años y que arrojó un saldo de cercade 220 mil muertos. No hay manera de establecer paralelos en lo sucedido en  uno y otro país. Las condiciones imperantes fueron muy distintas. La negociación en el país sudamericano fue extremadamente compleja, y llevó años concretar un acuerdo que fuera no sólo satisfactorio para ambas partes, sino que fuera aceptable para la sociedad colombiana.

En octubre de 2016, el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llevó a cabo una consulta entre 35 millones de ciudadanos que incluía una pregunta muy directa “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?. Perdieron los partidarios del “Si”.

Ello obligó a revisar los términos de la propuesta, se hicieron cientos de consultas con los partidarios del “No” y se incorporaron decenas de observaciones al acuerdo final para corregirlo y lograr el consenso de la mayoría del pueblo colombiano. Los puntos de mayor tensión eran el indulto a guerrilleros que cometieron crímenes de guerra, así como la apertura a los líderes de las FARC a postularse a cargos públicos.INFO_AMINISTIA-02-01-01

No se ve sencillo el despliegue de una capacidad negociadora de este tamaño, consultando a la sociedad civil, poniéndose de acuerdo con las Fuerzas Armadas, convenciendo a los familiares de otorgar el  perdón a quienes asesinaron, desaparecieron y torturaron a sus seres queridos.

Por otra parte, las FARC y los grupos del crimen organizado de México, son actores de naturaleza muy distinta. El primero es un grupo guerrillero de ideología marxista que buscaba instaurar un gobierno de obreros y campesinos por la vía de las armas. Los segundos son delincuentes que han construido una red internacional dedicada al trasiego de drogas, mantienen un férreo control en vastas zonas del país donde imponen el terror por la vía de la violencia, la extorsión y el secuestro, han creado bandas de sicarios que asesinan sin piedad a integrantes de los cárteles rivales, a policías y soldados, a defensores de los derechos humanos, a periodistas y autoridades.

Las FARC no eran precisamente un grupo de “románticos izquierdistas”. También secuestraron personas y mataron soldados y policías. Pero nada que ver con la crueldad que despliegan las bandas criminales mexicanas.

No concibo a los líderes de los Zetas, de los cárteles del Golfo, Juárez, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, los Rojos, los Guerreros Unidos o los Caballeros Templarios, sentados a una mesa de negociación con López Obrador y su gabinete firmando un acuerdo de paz por el cual se comprometen a retornar a la legalidad al día siguiente, a renunciar a un negocio que les deja cantidades de dinero inimaginables, a entregar su poderosísimo armamento, a dejar de asesinar, de cobrar derecho de piso, de secuestrar personas o de huachicolear.

Entonces, ¿De dónde sacó AMLO esta propuesta que ha irritado a los altos mandos del Ejército y la Marina, y que no está ni siquiera contemplada en su “Proyecto de Nación 2018-2024”? No se trata un mero desliz, de un gesto de ingenuidad; refleja su lógica política, su estilo. Evidencia una reiterada estrategia política. Lanza propuestas polémicas esperando capturar las simpatías y el aplauso de la plaza pública, no importa el costo, no importa la viabilidad.

AMLO demuestra otra vez un preocupante desdén por las instituciones. Es un político muy hábil que  comunica y conecta bien con su electorado cautivo. Pero tanta audacia puede hacer que termine pagando las consecuencias de sus dichos, y esto lo veremos en las encuestas hacia las próximas semanas.

No, no es amnistiando a los narcos e incorporándolos a la vida pública, como vamos a resolver el grave problema de la violencia en México. No lo vamos a resolver tampoco, aprobando una Ley de Seguridad Interior que perpetúa la presencia del Ejército en las calles del país. La clave está en contar con policías profesionales, honestas, confiables, bien preparadas y con un Sistema de Procuración de Justicia que persiga y castigue los delitos para terminar con la impunidad. Terminar con el diseño de la Fiscalía General y el Sistema Nacional Anticorrupción, nombrando al frente de éstos esfuerzos a personas íntegras, capaces e independientes. México merece propuestas eficaces para recuperar la paz.

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