Freno a delitos electorales

Requerimos una Fepade sólida y al frente un fiscal imparcial, confiable, comprometido con la legalidad, incorruptible.
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Qué semanas tan agitadas. La súbita destitución de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una instancia perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), desató una fuerte polémica que llevó, incluso, a la parálisis del Senado de la República.

Nieto -se señala- habría sido cesado al resultar un “fiscal incómodo”, la razón: estaba a cargo de la investigación sobre presuntos sobornos de Odebrecht, una importante corporación brasileña señalada por sus altos niveles de corrupción, que llegaron en 2012 a la campaña de Peña Nieto por la vía del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Finalmente, Nieto renunció a continuar con su demanda de restitución, apoyada por los partidos de oposición, y se dio carpetazo a este caso en una especie de final tragicómico. Se dice que Nieto “tiró la toalla” debido a presiones (¿amenazas?) de la Secretaría de Gobernación lo cual, de ser cierto, sentaría un gravísimo precedente.

No obstante el accidentado camino que siguió el affaire Nieto, los grandes perdedores de este debate fueron el PRI y el gobierno, quienes mostraron su aversión a la autonomía de ciertos órganos fiscalizadores, como es el caso de la Fepade.

El caso Lozoya tiene implicaciones profundas, no sólo para el propio exfuncionario, sino también para el propio Revolucionario Institucional. De comprobarse el uso de dinero ilícito en la campaña de Peña Nieto, este partido podría perder su registro. Claro que en la débil institucionalidad que tenemos eso estaría muy lejos de ocurrir, pero el costo político sería altísimo para un partido que, ya de suyo, carga consigo un pesado fardo de elementos negativos que le restan competitividad electoral.

Pero quisiera regresar a señalar la importancia que tiene el contar con una Fiscalía sólida y confiable que permita prevenir la comisión de delitos electorales y, eventualmente, remitir a los infractores a la acción de la justicia penal, sobre todo a la luz de los comicios del año próximo. Será la elección más grande de la historia de México -estarán en juego más de 3 mil 400 cargos de elección popular- y seremos testigos de una reñida competencia política. El Frente Ciudadano por México, conformado por la alianza PAN-PRD- Movimiento Ciudadano, aparece ya como un polo muy competitivo en todas las encuestas, superando en algunos casos al bloque Morena-PT. El PRI se encuentra en un tercer sitio, pero puede meterse a la competencia.Infografías_Delitos-02-02

La candidatura del PRI, todo lleva a pensar, estará encabezada por José Antonio Meade Kuribreña, un funcionario eficaz, inteligente y honesto. ¿Será suficiente? El problema no es el hombre, el problema es el aparato. Estamos ante una marca muy devaluada, que goza de un bajo consenso entre los ciudadanos, quienes ven al PRI como sinónimo de autoritarismo, corrupción y fuente de malos gobiernos.

El PRI necesita un buen candidato y lo tendrá en Meade, pero confía más en la fuerza de su aparato para organizar elecciones de Estado, conformado por toda una serie de artimañas a todas luces ilegales. En el pasado era el asalto a las casillas electorales para

robarse las boletas, la alteración de los padrones, el embarazo de urnas, etc. Eso se acabó con la creación y ciudadanización del Instituto Nacional Electoral. Ahora hay mecanismos más discretos y sofisticados, y son utilizados por todos los partidos políticos. Persiste la compra de voluntades, la intimidación y las amenazas.

Asegurar que eso no suceda y que se respete la decisión soberana de los ciudadanos, requiere de una institución como la Fepade y, sobre todo, que ésta tenga al frente un fiscal imparcial, confiable para todos, comprometido con el ejercicio cabal de la legalidad, incorruptible. Así que estaremos muy pendientes de los perfiles que se analicen en el Senado para la designación del hombre que habrá de reemplazar a Santiago Nieto. Ofebde también el marcado desinterés del actual gobierno federal en buscar quien encabece la PGR, en avanzar en el rediseño institucional de la nueva Fiscalía General de la República, y en nombrar un Fiscal Anticorrupción y un nuevo Fiscal Electoral. De ahí la protección a toda costa del exdirector de Pemex.

Hay serias amenazas en el camino al 2018. Sólo con la fuerza de las instituciones y del voto democrático de los ciudadanos, lograremos que el país vaya en la dirección  correcta.

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