Urgente solidaridad

Nadie puede lucrar con la tragedia y quien así lo haga, pagará un alto costo.

El sismo de 8.2 grados Richter que golpeó el pasado 7 de septiembre, con particular fuerza, a los estados de Chiapas y Oaxaca, provocó daños irreversibles a miles de viviendas, hay casi dos millones de personas afectadas. Como sucede siempre en este tipo de catástrofes, los que más perdieron fueron los más pobres.

Estábamos apenas inmersos en las tareas de evaluación de las afectaciones y en la atención a damnificados en las entidades del sur del país, cuando un nuevo movimiento telúrico, esta vez de 7.1 grados, impactó al corazón político y económico del país, la Ciudad de México, provocando daños en más de mil 800 inmuebles con la lamentable pérdida de cerca de 160 vidas hasta el momento; en el estado de Morelos, donde se ubicó el epicentro, hay más de 10 mil casas dañadas; mucha gente está herida o ha fallecido.

Vivimos una emergencia nacional, una situación que exige el apoyo y solidaridad de todos. Los ciudadanos, como siempre, han mostrado su músculo. Decenas de miles de habitantes de la capital de la República (se calcula que pueden ser un millón) han salido a las calles a participar en la remoción de escombros y en el rescate de víctimas, han organizado centros de acopio en espacios públicos y en sus propios hogares. Yo estaba en la Ciudad de México al momento del sismo, y he visto actos heroicos y conmovedores.

Elementos especializados del Ejército y la Marina trabajando de la mano con equipos de rescate de Colombia, Panamá, Estados Unidos, Japón y Chile, con los cuerpos de Protección Civil del gobierno capitalino o de otras entidades, con los topos y, junto a ellos, ciudadanos, hombres, mujeres, incluso adultos mayores, aportando sus manos para el retiro de escombros, llevando agua, alimentos preparados para los rescatistas y en los albergues.

Muchísima gente se ha volcado a donar fondos, 100, 200, 1,000 pesos, la cantidad de dinero que sea, por distintas vías, a las cuentas de la Cruz Roja Mexicana, de bancos, empresas y fundaciones privadas que multiplican por tres, por cinco, cada peso que aportan los ciudadanos. He visto a familias muy humildes, sacar de su precaria despensa una lata de atún, la bolsa de arroz, para llevarlos a un centro de acopio. Estoy emocionado, porque esto habla de lo que estamos hechos como pueblo: de la capacidad de tenderle la mano al otro, sin importar diferencias.

Mucho esfuerzo está haciendo ya la sociedad civil, pero le toca su parte a la partidocracia. El PRI ha anunciado que devolverá 259 millones de pesos de sus prerrogativas para apoyar a los afectados por sismos. El Verde Ecologista, 85 millones de pesos. Morena destinará 100 millones. PAN y PRD proponen que sea una cantidad mucho mayor, y tienen razón. Los partidos tienen aprobados 6,700 millones de pesos para el proceso electoral del próximo año. Lo que pretenden retornar, es poco. ¿Por qué tenemos que darles tantos recursos provenientes de nuestros impuestos en medio de una contingencia nacional de este tamaño?

Nunca, jamás, una petición ciudadana a través de la plataforma Change.org en México, había tenido tanto consenso (1.8 millones de firmas) como aquella que demanda de que esos casi siete mil millones de pesos que tiene proyectado entregar el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos en 2018, sean enfocados a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Yo, estoy a favor, por supuesto, ya firmé.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que sí existen mecanismos jurídicos viables para que los partidos destinen a los damnificados del sismo los recursos que reciben del Estado.

De acuerdo con el INE, si se utilizara tan solo 25% del financiamiento para campañas de los partidos para 2018, se podrían recuperar casi 537 millones de pesos, suficientes para reconstruir mil 74 viviendas con un costo promedio de 500,000 pesos por unidad. Pero no será suficiente. Pero no podemos quedarnos sólo en la coyuntura en este caso. Debemos de corregir de una buena vez el generoso modelo de financiamiento a los partidos políticos, modificando la Constitución. Es probable que no tengamos otra oportunidad para ello.

También se requiere de un verdadero programa de austeridad pública, donde se canalicen los cerca de 9 mil millones de pesos de gasto federal en comunicación social al apoyo de los damnificados. Lo mismo se tiene que hacer en los gobiernos locales.

Además se necesita desarrollar un modelo de supervisión ciudadana del uso y destino de los recursos para la reconstrucción, para evitar la continuas historias de desvíos de los recursos públicos para la atención a desastres. Hay quienes se aprestan a aprovecharse de la situación y tenemos que ponerles un enérgico alto.

Nadie puede lucrar con la tragedia. Los desastres naturales son situaciones propicias para que los gobernantes y los partidos busquen brillos políticos y mediáticos. Eso es moralmente inaceptable. Quien así lo haga, pagará un alto costo. Que Sonora se haga presente en esta gran ola de solidaridad. Es por México, es por nuestra gente.

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