Ante embate de Trump: fortalecer las instituciones

Sí, es hora de respaldar a nuestras autoridades gubernamentales, quienes, al fin, han asumido una firme posición en defensa de los intereses y la soberanía de México.
enero-30

Las amenazas de Donald Trump pasaron de los dichos a los hechos: el muro se construirá y México tendrá que pagarlo, ¿cómo?, el gobierno norteamericano propuso un impuesto de 20% a todas las importaciones provenientes de nuestro país que, de acuerdo con este payaso delirante, generarán un ingreso por 10,000 millones de dólares anuales.

La ofensiva incluye otras acciones como “castigar” a las llamadas “ciudades santuario” en Estados Unidos, principalmente Chicago, Nueva York y Los Ángeles, donde sus alcaldes – conscientes de las enormes cuotas de prosperidad que generan los migrantes–, se han solidarizado con nuestros connacionales, afirmando que no pondrán a sus fuerzas de seguridad locales al servicio de las redadas y deportaciones masivas que pretende instrumentar el inquilino de la Casa Blanca. Sí, es hora de respaldar a nuestras autoridades gubernamentales, quienes, al fin, han asumido una firme posición en defensa de los intereses y la soberanía de México.

Es hora, también, de solidarizarnos con nuestra gente que reside y trabaja del otro lado de la frontera, exigiendo a todos los gobiernos, a la clase política, a los empresarios, que pongan manos a la obra para construir una sólida red de protección social que nos permita brindarle a los deportados un piso de bienestar básico, con educación, vivienda, servicios de salud y empleo. No puedo obviar el papel que nos toca a nosotros, como sociedad civil, de participar activa y solidariamente en la construcción de esa red de protección. La Iglesia nos pone el ejemplo en Tijuana y Mexicali, en Baja California, donde ha instalado albergues y comedores para migrantes, una iniciativa por cierto que ha contado con un raquítico apoyo gubernamental.

La abierta ofensiva del nuevo gobierno de EU toma a México en un momento de profunda debilidad, no sólo económica, sino también política e institucional. El Presidente Peña Nieto –de acuerdo con una encuesta del periódico Reforma publicada el 18 de enero– registra el peor índice de aprobación para un mandatario mexicano, desde que se iniciaron este tipo de mediciones en 1995. Sólo 12% califica positivamente al presidente; el gobierno cosecha el enojo ciudadano provocado por el gasolinazo. Seis de cada 10 encuestados afirma que su economía se verá muy afectada por el alza a estos combustibles. El 82% opina que el presidente maneja mal la economía. Y aquí toco al tema que hoy quiero compartirles, estimados lectores, ocho de cada 10 mexicanos no observa resultados visibles en el combate a la corrupción.

La corrupción sigue siendo un potente disolvente de la legitimidad gubernamental. La percepción negativa de los ciudadanos está muy influida por el espectáculo de gobernadores que sustraen dinero de las arcas públicas para sus bolsillos personales, que crean empresas fantasma, que exigen comisiones indebidas a proveedores para el otorgamiento de contratos de obra pública, en fin, una larga lista de ilícitos. Ello señala la urgencia de revisar a fondo el pacto federalista para cerrar esos hoyos de discrecionalidad que persisten a nivel local, y mantener una activa fiscalización de los recursos que manejan los gobiernos estatales y municipales. Se supone que el Sistema Nacional Anticorrupción nos dará instrumentos para avanzar en este sentido, pero su implementación ha sido muy lenta y complicada.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México cayó 28 posiciones al pasar del lugar 95 al 123 de 167 países evaluados, al obtener 30 puntos en una escala donde 100 indica la mejor evaluación. Estamos por debajo de Honduras, de El Salvador, de Bolivia, de Senegal, de Pakistán; de Argentina y Brasil, nuestros competidores directos en la región, en un momento donde las empresas globales toman en cuenta la fortaleza institucional que garantiza la transparencia como un factor para la toma de decisiones en materia de inversiones, algo de lo que México estará urgido hacia los próximos años ante el eventual retiro de corporaciones norteamericanas de nuestro país por las presiones de Trump.

Tenemos que actuar ya y escuchar las voces de la sociedad civil, de los expertos.

Transparencia Mexicana llama a desmantelar, a la voz de ya, las redes de corrupción que atraviesan los gobiernos, a cero impunidad ante casos conocidos de ilegalidad, a amarrarle las manos a los gobernadores y a quitarles el control de los órganos de fiscalización locales, a abrir a los ojos de todos la información de los presupuestos.

La simulación por parte de los gobiernos, de los actores políticos, de la partidocracia, su falta de compromiso con la construcción de una sólida institucionalidad para prevenir y combatir la corrupción, sólo nos hará más vulnerables ante los difíciles tiempos que le aguardan a México. Resolver la agenda pendiente de combate a la corrupción y la impunidad, y el impulso a la competitividad, es lo único que nos puede ofrecer con certeza un futuro frente la incertidumbre.

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