Papeles de Panamá es el nombre que le han dado los medios de información a cerca de 11.5 millones de documentos confidenciales en manos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que fueron obtenidos por diario alemán Süddeutsche Zeitung y luego compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Mossack Fonseca es uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades offshore que son compañías creadas en un paraíso fiscal (Islas Caimán, Islas Vírgenes, Bahamas, Belice, Panamá, etc.) con el único fin de ocultar la identidad del verdadero dueño del patrimonio aprovechando el llamado “secreto bancario” y evadir impuestos en sus países de origen. Los documentos incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del citado despacho y revelan información oculta de más de 214 mil sociedades offshore conectadas con cerca de 200 países.

La revelación de esta información ha desatado un verdadero escándalo a nivel mundial, ya que involucra a Vladimir Putin, el presidente ruso; Mauricio Macri, presidente de Argentina; el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson (quién ya presentó su renuncia al cargo); Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita; Petro Poroshenko, presidente de Ucrania (quien ya dimitió); Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos de España; el primer ministro británico, David Cameron; el futbolista Leo Messi; el cineasta Pedro Almodóvar, algunos líderes del Partido Comunista de China, entre algunas de las figuras más conocidas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México investiga ya a alrededor de 33 connacionales relacionados con los Papeles de Panamá, entre los que se encuentra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; los empresarios Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa (empresa contratista consentida del gobierno federal), acusado de ceder inmuebles a la esposa del presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, en lo que se configuró como un caso de “conflicto de intereses”, que resolvió la Secretaría de la Función Pública exonerando a los citados servidores públicos en una muy criticada decisión.

El tema conduce a varias reflexiones y conclusiones.
La corrupción -sin menoscabo de los grandes dilemas que enfrentamos en México, de nuestra crónica debilidad institucional y jurídica, y del alto grado de opacidad tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, así como del sector empresarial- es un tema de alcance global.

La lección es que naciones con un alto grado de desarrollo democrático y elevados niveles de desarrollo humano y prosperidad (Islandia, Gran Bretaña) no resultan inmunes al fenómeno de la corrupción. Poco podríamos esperar, por otro lado, de Argentina cuyo enorme potencial económico está lastrado desde hace décadas por la falta de pulcritud de su clase política y empresarial, o de Rusia y Arabia Saudita, bajo el yugo de regímenes autocráticos adversos a la libertad de prensa y los contrapesos.

El sistema financiero requiere nuevas regulaciones que eviten el flujo de recursos al margen de los circuitos financieros formales que son garantes de la transparencia y la legalidad. Ello requiere de un gran acuerdo internacional con la participación de organismos, bancos, empresas y gobiernos.

Sin duda, una cantidad importantísima del dinero que operan estas empresas offshore proviene de actividades ilegales, principalmente el narcotráfico y la corrupción pública.

El pago de impuestos es condición de ciudadanía, es la base para el financiamiento de los bienes públicos que el Estado provee a la población. La evasión que se lleva a cabo a través de estas empresas offshore es contraria a las leyes. Se requiere una regulación urgente de los llamados “paraísos fiscales” que son finalmente “paraísos de impunidad”.

Todo este debate y la presencia en los Papeles de Panamá de grandes empresarios como Salinas Pliego y Juan Armando Hinojosa Cantú (seguramente habrá muchos más, puesto que la investigación apenas comienza), nos remiten a la urgencia no sólo de contar con mecanismos más efectivos de auditoría y fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda, sino también de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿A poco no te sientes molesto y frustrado frente a la farsa y la mentira? ¿Qué estamos esperando?