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Los comicios del 7 de junio han generado un peligroso sentimiento de autocomplacencia en el Presidente Peña Nieto. Sin duda el Presidente logró una victoria política relevante al evitar que el clima social de frustración hacia su administración y sus bajos niveles de popularidad se tradujeran en un voto de castigo.

Una de las joyas de la corona, la reforma energética, acaba de recibir un revés importante. De los 14 bloques petroleros que salieron a subasta, sólo dos fueron adjudicados en la primera licitación de la ronda uno para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México. Sólo nueve de las 24 empresas privadas precalificadas se presentaron al concurso. Se esperaban inversiones por 16,700 millones de dólares, sólo llegaron 2,600. Se calculaban 168 mil empleos de calidad. Habrá muchos menos en detrimento de los ingresos de las familias mexicanas y de los impuestos que recauda la Secretaría de Hacienda para alimentar los presupuestos públicos.

El golpe que ha significado la baja de los precios del petróleo para las finanzas públicas ha sido severo. Si bien en 2012 40% de los ingresos del gobierno federal procedían de los ingresos petroleros, y en 2015 el 16%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el boquete fiscal sigue siendo considerable y ha obligado a la actual administración a realizar ajustes presupuestales.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un recorte de 135,000 millones de pesos al gasto público autorizado por el Congreso para 2015, a lo que se sumó una convocatoria a las dependencias de la Administración Pública Federal para elaborar un “presupuesto base cero” para el próximo ejercicio fiscal, que implica una revisión a fondo de programas y estructuras organizacionales de las dependencias de gobierno para obligarlas a economizar recursos públicos, a “hacer más con menos y eliminar lo que no aporta resultados”.

El resultado de este ejercicio lo dio a conocer Hacienda el pasado 30 de junio: se redujo en 22% el número de programas presupuestarios al pasar de 1,097 a 851. Parece que el recorte era más ambicioso, pero se impusieron las resistencias burocráticas, la negativa de muchos secretarios a perder presupuestos que significan poder, escenografías, plataformas de promoción política personal, contratos y dinero.

Por otra parte, el ejercicio “presupuesto base cero” no consideró a los gobiernos estatales y municipales que en 2015 están recibiendo vía trasferencias federales la enorme cantidad de un 1.5 billones de pesos, 33% del gasto neto total del gobierno federal, etiquetados para programas de educación, salud, seguridad pública, infraestructura social, entre otros, pero que al amparo de la “autonomía” se malgastan o desvían a propósitos ajenos.

Las transferencias federales significan en promedio 90% de los ingresos totales de los estados y 65% de los ingresos de los municipios. Ese dinero proviene de los impuestos que pagamos los mexicanos y, por lo tanto, estas autoridades deberían estar obligadas a ajustarse el cinturón y rendir cuentas.

Algo que deja al descubierto el ejercicio de “presupuesto base cero”, es que desde años, bajo la complacencia y complicidad de diferentes autoridades de todos los partidos, hemos tenido que pagar los mexicanos programas que no aportan resultados y si son bolsas de enormes recursos destinados al enriquecimiento de políticos corruptos, a costillas de los mexicanos.

Una pregunta: ¿no era posible que en vez de incrementar impuestos en una reforma fiscal regresiva se hubiera practicado el “presupuesto base cero” para evitarla? Unas más: en este ejercicio, ¿sólo debe de hacerse en la federación? ¿Y los estados y municipios no tienen donde recortar? ¿Son más fuertes los ¨virreinatos¨ en que se han convertido estos espacios de poder? ¿Los ciudadanos no vamos a exigirlo para nuestro estado y municipios?

Basta de hoyos de corrupción e ineficiencia: los ciudadanos exigimos transparencia, compromiso con la ética pública, gobiernos que cuesten menos y brinden mejores resultados.

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