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Estamos siendo testigos de un debate sobre si el país está en recesión. Recordemos que para que se registre una recesión se tienen que contabilizar seis meses de caída del PIB.

De acuerdo con el INEGI, el primer trimestre del año el crecimiento del PIB fue de cero. Para el segundo trimestre el PIB habría caído en 0.74%. Sin embargo, no contamos con el dato del tercer trimestre para ver si existe una segunda contracción consecutiva para declarar oficialmente una situación de recesión.

Algunos analistas privados, junto con la SHCP, consideran que si bien el tercer trimestre del año está perdido ya que no hay signos de reactivación, el país se encuentra todavía lejos de una recesión económica. En cambio, investigadores de El Colegio de México, con base en una metodología distinta, consideran que la recesión habría empezado en 2012, y que ésta sería la tercera en lo que va del presente siglo y la séptima de los últimos 30 años.

Los signos para este año no son alentadores, ya que se pronostica un crecimiento del PIB de tan sólo 1.3%, por debajo del 1.7% que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, defendió durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Más allá de este intercambio de visiones, lo cierto es que el crecimiento económico de México está muy por debajo de lo que el país necesita para asegurar un nivel de bienestar aceptable para su población a través de la creación de empleos formales, que son la principal herramienta para disminuir la pobreza y los enormes rezagos en materia de seguridad social.

¿Qué están haciendo los actores políticos ante este escenario?

En primer lugar tenemos que referirnos a la reciente reforma hacendaria que penaliza a las clases medias, el motor del consumo y del mercado interno, ya que les impone mayores gravámenes al ingreso; y afecta también al sector empresarial por la vía de la reducción de las deducciones fiscales.

En segundo lugar, preocupa abrir la puerta al déficit presupuestal. Sin tener certeza en los niveles de ingresos tributarios podría implicar un retroceso en la estabilidad macroeconómica lograda en los últimos 15 años. Todo sin un cambio en el modelo fiscal que implique ahora si cobrarle impuestos a los informales, a los que nunca pagan impuestos para financiar el gasto en educación, en salud, en infraestructura, en servicios públicos.

Además, no sabemos a dónde van esos recursos adicionales provenientes de más impuestos y deuda pública. No lo ha explicado con claridad la actual administración federal, no tenemos idea si se gastarán mejor, con controles de eficacia y transparencia. ¿Más empleos? ¿Programas de combate a la pobreza? ¿Infraestructura?

Lo que queda claro es que el modelo de financiamiento del desarrollo sustentado en más impuestos y más gasto público esta agotado. Es necesario iniciar una discusión de fondo de un nuevo modelo que contenga y mejore la calidad del gasto público, que impulse de forma decidida la competitividad para que las empresas inviertan más y creen más empleos, y donde la expansión del mercado interno a partir de la mejora del poder adquisitivo de los mexicanos, sea el motor de un crecimiento sostenido e incluyente.

Y en medio de toda esta dinámica nos seguimos preguntando ¿dónde están los intereses de los ciudadanos? ¿Cómo romper el control del gobierno y la partidocracia sobre el rumbo de las reformas estructurales? Necesitamos respuestas urgentes desde el ámbito de la sociedad civil. Es la hora de que los ciudadanos hagamos valer nuestra voz.

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