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El PAN y el PRD han condicionado la discusión de la reforma energética del presidente Peña Nieto a que antes se apruebe una reforma político-electoral. Todo un dilema para el Gobierno federal.

 

Ernesto Cordero, en su momento líder de la fracción panista del PAN, y Miguel Barbosa, su contraparte en el PRD, fueron los impulsores originales de esta reforma.

 

Cordero es el líder visible de los calderonistas, partidarios de una línea más “dura” en la relación con el gobierno y de recuperar el carácter opositor de Acción Nacional. Barbosa, por su parte, pretende llevar a “los Chuchos” a dar muestras de una mayor autonomía con respecto al Pacto, buscando principalmente mantener la cohesión de ese instituto, que contiene a su interior un sofisticado y frágil coctel donde cohabitan lopezobradoristas, poderosos grupos como los bejaranistas e izquierdistas modernos, visionarios y negociadores.

 

Sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas, existe un consenso básico que los llevó a promover esta iniciativa: evitar que el Congreso sea desplazado del diseño de las reformas estructurales, hacer visible el agravio del Poder Legislativo ante un Pacto que “cocina” los cambios en un ámbito cupular entre gobierno y dirigencias partidistas, y solo deja a diputados y senadores la tarea de aprobarlas.

 

Hoy, tanto Gustavo Madero como Jesús Zambrano han hecho suya la propuesta de reforma política de sus senadores y, hay que decirlo, no precisamente por una actitud desinteresada. También han intuido que se trata de una valiosa “moneda de cambio” para presionar al gobierno a reorientar el Pacto de acuerdo a sus propias agendas y obligarlo a ceder mayores espacios a la oposición en la toma de decisiones sobre el curso de las reformas estructurales. Esto explica el por qué se condiciona la reforma energética a la aprobación de la reforma política.

 

Esta iniciativa de reforma contiene, más allá de este complejo juego de intereses políticos, transformaciones sustanciales para la consolidación de una democracia más efectiva: una ley general de partidos, segunda vuelta, creación de gobiernos de coalición, un Instituto Nacional Electoral que reemplace a los consejos electorales estatales, reelección legislativa; figuras de democracia directa como referéndum, consulta popular y plebiscito, alinear los comicios federales y locales en una sola fecha, mayor fiscalización sobre los recursos de los partidos, pérdida de registro o anulación del triunfo a quien rebase gastos de campaña, elevar del 2% al 5% el mínimo de votos que una fuerza política deberá conseguir en una elección para conservar el registro, una ley de propaganda gubernamental.

 

¿Y dónde quedan las candidaturas independientes? De acuerdo con la iniciativa del PAN y del PRD para ser candidato independiente se requeriría al menos el 0.26% del padrón electoral. Por ejemplo, para ser candidato independiente a la Presidencia de la República se necesitarían aproximadamente 182,000 respaldos ciudadanos dispersos en al menos 16 entidades federativas, y se establecería una prohibición absoluta de registro de militantes de partidos políticos.

 

Las candidaturas independientes constituyen un imperativo en un país donde la mayor parte de los mexicanos no se sienten representados en el sistema político, donde persiste un alto nivel de desconfianza de la población (70-80%) hacia la política y los partidos.

 

Vaclav Havel, escritor checo, protagonizó uno de los mejores gobiernos de su país, un gobierno de prosperidad y recuperación de las libertades civiles; Antanas Mockus, un filósofo y matemático colombiano, reconstruyó el tejido social de una ciudad fracturada por la violencia y la inseguridad, Bogotá.

 

¿Por qué no lo podrían hacer los ciudadanos mexicanos?

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