Mientras escribo esta colaboración el presidente Peña Nieto acaba de escribir en su cuenta de Twitter que “el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha, hoy es ya un derecho constitucional”. Ello nos anima a que se proponga una modificación constitucional que asegure a los mexicanos el acceso a derechos de nueva generación.

Sin embargo, el tema es la brecha que existe entre los derechos establecidos en la Carta Magna y su ejercicio real por parte de los ciudadanos. Hay muchos derechos que no se concretan –vivienda, salud, educación de calidad, equidad de género- ya sea por vacíos jurídicos, de política pública, o presupuestales.

En México 51.2 millones de personas tienen acceso a Internet en 2014, 13% más que el año pasado, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), una expansión importante. Pero la discusión central está en la penetración de la banda ancha por la que circulan los servicios de mayor valor agregado para los usuarios: redes sociales, banca móvil, gobierno digital, educación a distancia, y un largo etcétera.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha creado el Índice de Desarrollo de Banda Ancha (IDBA) con una escala que va de 1 a 8. Los 26 países de América Latina y el Caribe incluidos alcanzan un puntaje de 4.37; en contraste, los países de la OCDE tienen un IDBA de 6.14, encabezados por Corea del Sur con la mayor penetración a nivel mundial (7.18).

Chile, el más avanzado de la región, logra 5.57 puntos seguido de Barbados, con 5.47 y Brasil, con 5.32. México ocupa el séptimo lugar en la región con una puntuación de 4.62, por debajo incluso de Panamá, Colombia y  Uruguay, cuya infraestructura está muy lejana de la nuestra. La consecuencia de una prioridad ausente de la agenda nacional.

Y entro al punto clave, el BID considera que el problema que impide el aprovechamiento de la banda ancha en Latinoamérica es su alto costo para el usuario final. El precio promedio es casi ocho veces mayor al de los países de la OCDE.

La pregunta es si para hacer efectivo el acceso a la banda ancha como un derecho social, el Estado mexicano está dispuesto a romper con el poder de los monopolios, como lo pretende hacer con la telefonía celular y la televisión. ¿Le entrará el gobierno federal a ofrecer servicios sin costo? ¿A través de qué mecanismos? La banda ancha es un nicho de enormes ganancias para las empresas privadas que dominan el sector de las telecomunicaciones.

¿Con la reforma en telecomunicaciones veremos al Estado entrando de lleno para garantizar banda ancha en todas las escuelas públicas? ¿La ofrecerá en las ciudades como un servicio abierto y gratuito, como sucede en Seúl, Ámsterdam, Singapur y Seattle, donde existe el acceso a Internet de alta velocidad en el transporte y en las plazas públicas? ¿Y qué de las pequeñas comunidades rurales de México, donde la Comisión Federal de Electricidad podría asegurar el acceso a través de una red de fibra óptica?

El BID señala que “en una sociedad moderna, la banda ancha es el ingrediente clave de la agenda de la política pública para acelerar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad”, y que un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región latinoamericana significaría un incremento medio del 3.2% del PIB y un aumento de la productividad de 2.6 puntos porcentuales”. Corea del Sur tiene una visión muy clara de la importancia del tema para impulsar la competitividad y garantizar una auténtica ciudadanía digital.

En México sólo veo la formalidad de promover derechos, pero sin el sustento y los mecanismos para hacerlos realmente efectivos a favor de ciudadanos.