Hace unos días el Presidente Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, cuyo propósito central es poner un límite a la irresponsable contratación de deuda pública por parte de gobernadores y presidentes municipales bajo principios de orden, transparencia y sustentabilidad financiera.

Entre los alcances más importantes de dicha iniciativa están los siguientes: 1) se prohíbe que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que se utilizan para cubrir gasto corriente, o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno; 3) se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; 4) se establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato; y 5) la Auditoría Superior de la Federación tendrá capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública en los estados ascendía a 186,470 millones de pesos en 2007 y a finales de 2014 esa cifra se triplicó para cerrar en más de 510,000 millones de pesos.

¿Y cómo llegamos a esta preocupante cifra? Mucho tiene que ver la irresponsabilidad de gobernadores y presidentes municipales que bajo diferentes razones, pero sin respeto a sus futuros impactos en las finanzas públicas, contrataron deuda en forma creciente.

También destaca el papel de las autoridades hacendarias federales, responsables de la supervisión de las finanzas nacionales, quienes poco hicieron para evitar el crecimiento de este pernicioso fenómeno, que no sólo compromete a los estados y municipios, sino pone ahora en riesgo la estabilidad financiera nacional.

No puede omitirse la participación voraz de los diferentes actores del sistema financiero, que bajo esquemas de elevadas tasas y buenas comisiones a los responsables de las contrataciones de los créditos, prestaron sin límites y garantizaron sus riesgos con las participaciones federales y los escasos ingresos propios de los estados y municipios a futuro, cancelando así la provisión de infraestructura y servicios públicos básicos para los pobladores de las comunidades, principalmente para atender los rezagos de las que se encuentran en condiciones de pobreza y miseria. La usura a su más alto nivel de inmoralidad e irresponsabilidad.

Se suma a esta dolorosa situación los poderes legislativos locales, sometidos a los gobernadores en turno, a partir del reparto de prevendas y beneficios a sus diputados locales, principalmente de oposición.

Sería de justicia mínima elemental que quienes tuvieron responsabilidad en este desastre financiero, ya sean servidores públicos o entidades financieras privadas, pagaran las consecuencias de sus actos.

Ponerle límites al endeudamiento público es sólo una medida importante, pero insuficiente. Los congresos estatales, los institutos de información pública, los órganos de auditoría, los medios de información siguen sometidos a un férreo control por parte de los gobernadores, verdaderos virreyes en los territorios que administran.

La descentralización, la ampliación y fortalecimiento del Federalismo con sus principios de autonomía local han tenido un efecto perverso al convertir a los estados en auténticos hoyos de opacidad y corrupción.

Necesitamos, más que nunca, de una fiscalización efectiva de parte de los ciudadanos, constituidos en auditores sociales, con voz y voto en la instrumentación y seguimiento de las políticas públicas.

Claudia Pavlovich tiene una agenda complicada, no sólo esclarecer lo que sucedió con los dineros públicos en las pasadas administraciones y disminuir sostenidamente el nivel de endeudamiento, sino también hacer de la participación ciudadana un instrumento para hacer efectivo su compromiso con la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas como principios de un nuevo gobierno que trae consigo un bono democrático importante, pero condicionado. Su deber político es capitalizarlo con sensibilidad e inteligencia para que Sonora sea mejor.