Después de una tregua de casi cuatro meses, integrantes de la tribu Yaqui volvieron a bloquear de manera intermitente el paso por Vicam de la carretera México-Nogales, en protesta porque continúa en operación el acueducto Independencia.
El litigio en los tribunales ha sido largo y tortuoso. El 10 de julio el juez octavo de distrito confirmó la sentencia que dictó el 9 de junio y falló en contra de la operación del acueducto Independencia.
Esto suscitó una gran inquietud entre los habitantes de Hermosillo, que aumentó ante el anuncio del organismo operador municipal del inicio de un tandeo que provocaría dotar a la población de tres horas de agua al día. Finalmente, luego de que el ayuntamiento de Hermosillo se inconformara con la decisión, por considerar que pondría en riesgo la subsistencia de los 850,000 habitantes de la capital del estado, el pasado lunes el tercer tribunal colegiado del quinto circuito desechó la decisión del juez octavo y ordenó que el acueducto siga operando.
La decisión final queda en manos del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, y se prevé que duré hasta un par de años. Es un proceso que tiene que agotarse. Pero hay elementos a considerar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho al acceso de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente. El Estado garantizará este derecho”. Y es precisamente ese derecho social y humano de los hermosillenses el que están defendiendo el gobernador Padrés y el presidente municipal de la capital, contra la pretensión de la tribu Yaqui y de los agricultores del distrito de riego 041.
Desde el punto de vista de política pública, el trasvase de agua de un territorio a otro es una práctica internacional y nacional aplicada desde hace años y es aceptada. La gran obra hidráulica que garantizará el abasto futuro de agua para los habitantes de Monterrey costará más de $15,000 millones de pesos y traerá el líquido de Veracruz pasando por San Luis Potosí y Tamaulipas. Es una obra del más alto interés público, de visión estratégica, que transfiere agua de una cuenca con alta disponibilidad de líquido a otra que sufre estrés hídrico. Es el caso de Sonora, donde se está trasladando agua de una zona con reservas hacia el principal centro urbano y polo de desarrollo del estado.
En lo político es donde menos claridad existe, pero es una vertiente que se tiene que atender adecudamente. El gobernador Guillermo Padrés comentó que en breve se podría realizar una nueva negociación convocada por la Secretaría de Gobernación para evitar que los yaquis sigan bloqueando la principal vía del noroeste del país, y comenta que “esto no termina, hay que seguir luchando. Que nos escuchen a todos los sonorenses, en este caso a los ciudadanos que necesitan agua. Hablo no sólo de Hermosillo, sino también de Navojoa, Nogales, Guaymas, Empalme, Cananea, Nacozari. Tenemos 20 municipios sin agua”.
Estamos, sin duda, frente a un tema que genera mucha crispación, que enfrenta a intereses económicos y políticos muy fuertes. Cabe señalar que estos intereses siempre existen en este tipo de situaciones, pero nunca se desbordan como el caso de Sonora. Mientras la negociación política hace su tarea, es importante también implantar una cultura del uso del agua en Hermosillo y en el resto de los grandes centros urbanos que comprenda concientización, ahorro, reciclaje y tratamiento, revisar la situación de la agricultura de riego, donde se consume más de 75% del líquido, y crear un Centro de Investigaciones sobre el Agua que nos permita diseñar soluciones integrales de mediano y largo plazo. La solución de fondo es integral y debe de considerar obras y medidas adicionales a las actuales.
La solución pasa por lo que es justo para todos, pero no por la satisfacción de todos los intereses desbordados que se exhiben. Urge más política y mejores técnicos del acuerdo. La ambición política no puede estar por encima del interés público y de la ley. Aquí hay un gran reto para los gobiernos estatal y federal.
Por otra parte, hay que decirlo con todas sus palabras, las acciones de la tribu Yaqui carecen de congruencia porque no se puede combatir un acto que se juzga ilegal con una acción claramente ilegal, como es el bloqueo de la carretera federal 15. Es urgente encontrar otras formas de protesta que se ajusten al marco legal y ético. Una idea sería crear una página en Internet donde unos y otros pudieran dar sus argumentos y opiniones, y donde las personas que apoyan cada posición la suscriban. Sería más formativo y más ciudadano.
Lo único que queda claro en este conflicto es que el interés político-electoral está dominando el tema, en detrimento del interés de los ciudadanos que sólo desean agua y soluciones.
