En México hemos construido una democracia que no esta generando gobiernos eficaces ni honestos. Basta voltear la mirada a lo que sucede en algunas entidades federativas, donde prevalece la más absoluta discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, un endeudamiento sin control y sin destino claro de los recursos contratados.
En Tabasco, donde el exgobernador Andrés Granier está sometido a una investigación judicial por desvío de fondos públicos, la deuda estatal pasó de 400 millones en 2007 a más de 17,000 millones de pesos en 2012.
El fundamento técnico y moral del gasto público es mejorar el bienestar de la gente, no conozco otro. La pregunta es a dónde fueron a parar estos dineros en Tabasco porque, de acuerdo con el Coneval, entre 2008 y 2010 el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 54% a 57%, y en 15 de los 17 municipios no disminuyeron los rezagos en educación, salud, vivienda, infraestructura.
En Coahuila, Humberto Moreira inició su administración en 2005 con una deuda pública de 196 millones de pesos. Al cierre de 2010 era de 35,000 millones de pesos, 182 veces más. Entre 2008 y 2010 solo 106,000 coahuilenses salieron de la pobreza. Magro resultado social para tanto endeudamiento. Para ello falsificó documentos oficiales. A pesar de las demandas de ejercicio penal en su contra, hoy vive en una mansión en Barcelona. Es el reino de la impunidad.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores calcula que la deuda de los estados y municipios del país asciende a la cuantiosa suma de 376,382 millones de pesos. Una cifra inmoral e injustificable a la luz de los resultados.
Estamos solo ante la punta del iceberg, porque este patrón de opacidad se replica en prácticamente todas las administraciones locales. Ahí están localizados los mayores retos para la transparencia y la rendición de cuentas. Abusando de la “autonomía” de que gozan estos órdenes de gobierno, persisten muy débiles controles. No es casual que hayan sido los más observados por la Auditoría Superior de la Federación que en la última década los ha obligado a devolver casi 43,000 millones de pesos al erario federal.
Resulta urgente construir un nuevo modelo de fiscalización más abierto y más ciudadano. Construido con un objetivo más preventivo, que evite que se malgasten los recursos públicos a través de tener acceso oportuno, suficiente y claro a los presupuestos autorizados y la manera en que se ejercerán. Ya no podemos quedarnos solo en la sanción necesaria de la corrupción, es insuficiente. Ahora debemos asegurarnos que cada peso gastado sea bien utilizado.
Se requiere un nuevo modelo de fiscalización fuera del control de los ejecutores del gasto y más cerca de la independencia basada en los ciudadanos, que goce de plena autonomía y que practique la rendición pública constante de cuentas de sus evaluaciones. Que posea rigor técnico al usar nuevas herramientas, como son los sistemas de información basados en la inteligente explotación y análisis de la información, y la consulta constante de la opinión ciudadana para valorar la honestidad, pertinencia y calidad de los diferentes servicios públicos. Y que también reconozca a quienes cumplen honrada y satisfactoriamente su trabajo.
La idea propuesta por el Gobernador Guillermo Padrés Elías, de tener el primer Contralor Ciudadano de la historia de Sonora, es digna de ser reconocida. También creo que se puede aprovechar la coyuntura para ser más ambiciosos y diseñar un nuevo Modelo de Fiscalización de la Función Pública.
Sonora tiene la oportunidad de colocarse a la vanguardia a nivel nacional, marcando la ruta para construir una mejor democracia y un liderazgo público con base en el ejercicio honesto del poder.
