En mi colaboración de la semana pasada hice referencia al contenido de la agenda social del Pacto por México, suscrito por el ejecutivo federal con las tres principales fuerzas políticas. Continúo con el análisis.En el apartado de seguridad social se propone una pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE.Como primer paso, el programa 70 y Más, creado en la administración anterior y enfocado en disminuir la vulnerabilidad de la población de edad avanzada, pasará a ser “65 y Más”. Como segundo paso, se establecerá una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los mexicanos al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años, con objeto de crear los fondos necesarios que permitan darle viabilidad financiera a esta medida.Preocupa cómo garantizar la sostenibilidad de este esquema de pensión vitalicia de carácter universal para este sector de la población, en el contexto de su crecimiento expansivo.Los mexicanos de 65 años y más serán en 2013, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), 7.7 millones; en 2025, 11.7 millones y en 2050, 23.7 millones.El reto es mayúsculo porque, de no ocurrir un cambio estructural en la calidad del empleo en México que conduzca a una mayor formalización, que implica el acceso a seguridad social y la construcción de fondos sustentables de pensiones, la carga económica para el estado mexicano será, a la larga, insostenible.El actual esquema pensionario mexicano se basó en dos supuestos: Que la gente cobraría una pensión por pocos años, y que habría empleo formal para todos, lo que les permitiría cotizar y contribuir a la seguridad social. Estos supuestos “reventaron” ante dos hechos: La esperanza de vida de nuestra población se ha venido elevando de forma sistemática, por un lado y, por el otro, un número cada vez mayor de mexicanos se ubica en la “economía no estructurada”. Actualmente, el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) es informal, no tiene un empleo estable y, por lo tanto, no cotiza a la seguridad social.México, por desgracia, más allá de las buenas intenciones del nuevo gobierno, no puede escapar a los dilemas que hoy enfrentan los países europeos. El país afronta tres opciones que resultan impostergables:1) Crear más empleo formal, lo que implica cambios estructurales de fondo que lleven a la economía a crecer a tasas mucho más elevadas en los próximos años; 2)Fortalecer decisivamente la capacidad fiscal del estado, lo que exige aumentar impuestos y ampliar la base impositiva; y3) Renegociar a fondo los esquemas de jubilación con los sindicatos.Entre la voluntad política y los hechos hay una enorme brecha. Y esto lo debe de entender el nuevo gobierno. La propuesta de implementar el Programa “65 y Más” es valiosa, y contiene de fondo una indudable preocupación por las condiciones de bienestar de los mexicanos en edad avanzada, pero no puede evadir los datos duros de la realidad.“65 y Más” representa, sin duda, un interesante instrumento de protección social para enfrentar los dilemas de un país que se está llenando de canas y evitar que la vejez se convierta en sinónimo de pobreza y vulnerabilidad.Sin embargo, debe ser solo parte de un proyecto de gran visión mucho más integral y con perspectiva de largo plazo en el marco de una auténtica política de estado para afrontar el reto del envejecimiento, que abarca muchos otros temas como la salud, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la construcción de un imaginario público dispuesto a la existencia de una sociedad “para todas las generaciones”, donde quepamos todos, más allá del tiempo y las edades.
